En España, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE 20.12.03) regula y marca las condiciones para la firma electrónica.
Esta Ley, que transpone la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo, del 13 de diciembre de 1999, establece un marco común para la firma electrónica, y viene a sustituir al antiguo Real Decreto Ley 14/1999, sobre firma electrónica, en vigor desde el 17 de septiembre. El objetivo de estas leyes es “fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones públicas”.
Se espera que mediante estas leyes, la firma electrónica adquiera pronto una mayor importancia y extensión en Europa.
Otra norma que afecta a la firma electrónica es la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Teniendo en cuenta el marco legal, la firma electrónica manuscrita sólo puede ser firma electrónica simple o avanzada. Para conseguir una firma electrónica avanzada, recomendamos consultar el apartado “aspectos legales de la firma biométrica manuscrita“.